La crisis que nos espera
O la estupidez del imperio en Ormuz
A nadie escapa, y a los partidos políticos que nos gobiernan tampoco, que la situación mundial, principalmente la que se ha originado en el estrecho de Ormuz, en el menor de los casos podría desencadenar un estallido de inflación a nivel mundial, por el aumento del precio de los productos petrolíferos y del gas, y no solo de ellos sino también de sus derivados y de los fertilizantes. Eso es lo que algunos economistas y políticos prevén, no sin razón, que sucederá de manera más o menos inmediata, según la zona y la capacidad de almacenamiento de cada país. Y es que esos economistas y políticos en general, siguen creyendo que las leyes generales del mercado sirven para todo sin limitaciones, y, obviamente, eso no es enteramente así. No es lo mismo que los precios suban por un exceso de liquidez, tal como sucedió durante la crisis de la Covid, es decir, más cantidad de dinero en circulación para adquirir la misma cantidad de productos, que por la escasez de unos productos, básicos en este caso.
Una escasez generalizada de suministros de primera necesidad, principalmente energéticos y de componentes básicos, tratada como un simple problema de precios y, por tanto, inflacionario, nos puede llevar a un descalabro social de imposible solución, al menos controlada. Y si eso lo trasladamos a nivel global, con significativas variaciones según la zona geográfica, tenemos todos los ingredientes para que ese descalabro termine en una conflagración mundial. Y eso, por supuesto, solo se puede evitar con un reparto lo más equitativo posible de las materias primas disponibles.
Hasta hace poco, por el estrecho de Ormuz pasaban alrededor de 20 millones de barriles diarios de crudo y condensados. A eso se le debe sumar entre 5 y 8 millones de refinados, como gasolina, diésel, fuel, nafta, metanol, plásticos base, etileno y propileno; y entre el 20% y el 25% de todo el Gas natural licuado, el 30% de la urea y el 21% del amoníaco mundiales. Su cierre, como pueden ver, no es trivial, pero aún menos la destrucción de centros de procesamiento, distribución, refinerías y puertos, por los bombardeos iranís de represalia. A todo esto, según la Agencia Internacional de la Energía, los países del golfo han dejado de extraer 13 millones de barriles diarios, de los que entre 1 y 2 millones desaparecerán para siempre. Es decir, en el mejor de los casos y si la paz llegara mañana mismo, según Antonio Turiel el mundo perdería entre el 4 y el 8% de lo que consumimos; y en el peor, si la guerra continua, hasta el 40% durante una significativa cantidad de años.
Podemos decir, sin un atisbo de duda, que los ecologistas deberíamos estar de fiesta.
Dicho esto, es obvio que por mucho que el planeta necesite una disminución de consumo energético fósil, según todos los parámetros que se nos muestra, el mundo, es decir sus habitantes, no está preparado para abandonarlo, ni siquiera ese 30% de petróleo y 20% de gas. O quizá sí, si no nos atenemos a esos parámetros que nos venden como certezas incuestionables.
Dejando de lado las circunstancias que han provocado el desajuste, solo achacables a la demencia o irresponsabilidad de unos líderes, que, dado que ya no pueden autoproclamarse del “mundo libre” lo hacen como representantes del “occidente colectivo”, defienden una sociedad, la israelí o el Estado Judío, como ella misma se define, cuya prosperidad se basa en la apropiación de las tierras de sus vecinos y la eliminación física de quienes las habitaban; y de otra sociedad, la anglosajona, asociada en una extraña hermandad con la anterior, cuya supervivencia económica se fundamenta en la depredación de los recursos ajenos.
Obviamente, el problema no es tan sencillo como lo pintamos, porque ese “occidente colectivo” ha pasado de ser cómplice de la depredación, a víctima de ella y de su resultado.
Pero vayamos a lo que nos importa, la posible inflación que podría conllevar la inevitable y sustancial disminución del suministro de las materias primas anteriormente mencionadas, que afectaría principalmente a las economías más pobres, si a eso le añadimos una disminución de recursos por la caída de ayudas por parte de las sociedades más ricas. En Europa el aumento de precios sería sustancial, principalmente en el norte, ya castigado por la guerra de Ucrania y el consiguiente boicot a los productos energéticos rusos. En el sur, España e Italia mantienen unas excelentes relaciones con Argelia, un gran proveedor de gas. Además, al apostar la primera por la energía renovable, su dependencia fósil es algo menor. No somos los únicos, en algunos países no habrá falta de suministro, el nuestro quizá llegue al 15%. Eso significa que el déficit general del 25% no es compartido y en algunos sobrepasará el 30%. Sin embargo, el aumento de precios de los alimentos y otros productos derivados, incluso algunos medicamentos, afectará a todos por igual, más pronunciadamente a las clases más humildes, donde España se lleva la palma en Europa. Recordemos que sigue siendo el país con más desempleo, solo superado por Finlandia,
y con unos salarios reales que no garantizan la subsistencia a más de la mitad de los “afortunados” con trabajo.
No obstante, aunque en países como España y el sur de Europa en general, el aumento de precios que se prevé en los alimentos y la energía puede agravar la pobreza, en los países del Tercer Mundo se puede convertir en una catástrofe social.
¿Cómo podemos afrontar esa situación sin romper el equilibrio social?
Lo más fácil, especialmente para el liderazgo mediocre, es dejar que el mercado lo solucione por si mismo, e inyectar dinero a las personas con las rentas más bajas mediante ayudas, que por cierto nunca llegan. Otra de las soluciones, que suele barajar la izquierda, es reducir la parte impositiva de los alimentos o buscar su abaratamiento mediante el control de precios. Obviamente, esas dos soluciones no solo no resuelven el problema de una inflación por desabastecimiento, sino que lo agravan.
A nuestro modo de ver la mejor solución sería conseguir una reducción del consumo, en proporción al de la capacidad de suministros, a poder ser voluntario para evitar las malditas “cartillas de racionamiento”, digitales dado el siglo en el que vivimos. Lo más probable es que se nos diga que conseguirlo es muy difícil, por no decir imposible; sin embargo, en Barcelona tenemos la experiencia de 2008, cuando se redujo radical y voluntariamente el consumo de agua por persona, a un nivel que sorprendió al mismo gobierno de la Generalitat que lanzó la propuesta, con mucha publicidad y campañas de concienciación, cabe decir. Tanto es así que, una vez superada la crisis provocada por la sequía y la inacción de los gobiernos centrales de la época, el consumo de agua se estabilizó en un 11,4% menos de manera permanente, a la que había antes de la gran sequía. Es decir, la población decidió unilateralmente racionalizar el consumo de agua. Obviamente, no es lo mismo restringirse el consumo de agua que el de los alimentos, acortar el tiempo de la ducha o evitar regar las macetas, que reducir la ingesta de comida; pero en una sociedad, principalmente como la occidental, sobrealimentada y que desperdicia toneladas de ellos, quizá la solución no sea tan difícil, siempre que se lance una buena campaña de concienciación a nivel global.
Con el carburante podría ser mucho más fácil, tanto para la administración como la ciudadanía en general. A eso se le podría añadir un cambio de legislación que fomente el ahorro energético con una fiscalidad más justa. Porque lo que nadie debe olvidar, principalmente más de la mitad de la población española y buena parte de la del resto del mundo occidental, es que el consumo desaforado o excesivo, no es global, ni siquiera entre los “afortunados” que viven en el Primer Mundo, sino que solo una pequeña parte de los habitantes del planeta son quienes lo están reventando, con sus yates, constantes viajes, aviones privados, automóviles de lujo, etc. y un consumo de recursos que supera el sentido común.